Por Karen Gutiérrez, Noticias
Denver, Colorado | 21 de enero de 2026
A pesar del veto del gobernador Jared Polis a un proyecto de ley que buscaba imponer reglas más estrictas a empresas de viajes compartidos como Uber en Colorado y Lyft, el debate sobre la seguridad de los pasajeros ha vuelto a tomar fuerza en el estado. Reguladores estatales y legisladores están trabajando en cambios administrativos y nuevas propuestas legislativas para fortalecer la protección de quienes utilizan estos servicios.
El año pasado, Polis rechazó la iniciativa conocida como la Cámara de Representantes 1291, argumentando que las regulaciones propuestas eran poco prácticas y podrían llevar a que las compañías abandonaran Colorado. Sin embargo, en su carta de veto, el gobernador instó a las agencias estatales a explorar alternativas regulatorias y a los legisladores a considerar ajustes más específicos durante la sesión de 2026.
Reguladores buscan cambios desde la vía administrativa
La Comisión de Servicios Públicos de Colorado (PUC, por sus siglas en inglés) ha iniciado un proceso para recibir comentarios del público sobre posibles modificaciones a las normas estatales respecto a Uber en Colorado y Lyft.
Uno de los temas principales es la prevención de la suplantación de identidad de conductores, una práctica conocida como “imposter drivers”, donde individuos utilizan la cuenta de otro conductor autorizado para ofrecer viajes.
Este tema cobró relevancia tras la denuncia de la representante estatal demócrata Jenny Willford, de Northglenn, quien acusó a Lyft y a una empresa local de transporte de un presunto asalto sexual ocurrido en 2024. Willford aseguró que el conductor que la recogió no coincidía con el perfil mostrado en la aplicación. Lyft ha negado las acusaciones.
Un problema de alcance nacional
Uber y Lyft enfrentan miles de demandas por agresiones sexuales a nivel nacional, según reportó The New York Times en diciembre. El informe señala que el sistema de verificación de conductores de Uber puede dejar vacíos de información, permitiendo que personas con ciertas condenas penales sean aprobadas si estas ocurrieron hace más de siete años.
Ambas compañías defienden sus procesos de seguridad. Lyft indicó en su reporte de seguridad de 2020 a 2022 que el 99.9998% de los viajes se realizaron sin incidentes graves, como agresiones sexuales o accidentes fatales. Uber, por su parte, afirmó que los reportes de agresiones sexuales o conducta inapropiada representaron solo el 0.006% de los 6,300 millones de viajes realizados en Estados Unidos entre 2017 y 2022.
El rol de la PUC y el desconocimiento del público
Colorado fue el primer estado en regular los servicios de transporte por aplicación en 2014, otorgando a la PUC autoridad sobre la seguridad de conductores y pasajeros, aunque no sobre las tarifas.
Sin embargo, la directora de la PUC, Rebecca White, reconoció que muchos usuarios no saben que la comisión es la entidad reguladora. “Una de las cosas con las que luchamos es que la mayoría de los usuarios no saben que la PUC tiene autoridad sobre las empresas de viajes compartidos”, dijo.
La agencia recibe y analiza quejas, realiza investigaciones e impone multas. En 2024, los servicios de transporte por aplicación realizaron alrededor de 35 millones de viajes en Colorado, con Uber y Lyft como las compañías predominantes.
Para mejorar la comunicación, la PUC planea lanzar una campaña de seguridad y divulgación que incluya información sobre cómo presentar quejas y materiales visibles en lugares donde los usuarios suelen solicitar viajes.
Discriminación y rechazos de viaje
Otro de los aspectos que analiza la PUC es el rechazo de viajes por motivos de raza, género, discapacidad u otros factores. White destacó que estas situaciones afectan especialmente a personas ciegas que viajan con animales de servicio.
El Departamento de Agencias Reguladoras (DORA) recomendó permitir que los reportes de rechazo de viajes, con información redactada, sean públicos, además de aumentar las multas actuales, que hoy son de 550 dólares.
Un nuevo intento legislativo
Los patrocinadores de la ley vetada ya trabajan en una nueva propuesta. La representante Meg Froelich, de Englewood, afirmó que los legisladores buscarán un equilibrio entre la legislación y el proceso de reautorización de la PUC.
Entre las recomendaciones de DORA se incluyen exigir tecnología de reconocimiento facial para verificar la identidad de los conductores, establecer sanciones penales por suplantación, y obligar a las empresas a presentar reportes anuales sobre incidentes de seguridad.
El proyecto vetado en 2025 habría permitido grabar viajes a solicitud del conductor o pasajero, requerido verificaciones de antecedentes cada seis meses y prohibido que personas condenadas por ciertos delitos trabajaran como conductores.
La postura del gobernador y las empresas
Polis sostuvo que, aunque apoya la rendición de cuentas en materia de seguridad, la ley iba más allá de un enfoque limitado de seguridad pública y podría entrar en conflicto con leyes estatales de privacidad. También expresó preocupación por la posible interrupción del servicio, citando inquietudes de organizaciones como Mothers Against Drunk Driving.
Los patrocinadores criticaron al gobernador por adoptar, según ellos, los argumentos de las empresas. Froelich afirmó que Uber contactó a usuarios para advertir que abandonaría el estado si la ley se aprobaba, algo que la empresa reconoció en un correo electrónico.
Tanto Uber como Lyft han señalado ahora su disposición a colaborar con legisladores y reguladores en nuevas propuestas para reforzar la seguridad sin comprometer el acceso al servicio.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
21 Jan, 2026
