Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025
La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, se encuentra nuevamente bajo presión del gobierno federal esta semana tras el anuncio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) sobre la intención de retener fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para varios estados, incluido Kansas. Esto se debe a una disputa prolongada relacionada con la solicitud de datos personales de miles de beneficiarios.
La controversia se desarrolla en un contexto de creciente tensión entre la administración Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, que han rechazado la solicitud federal al considerarla ilegal, invasiva y contraria a las protecciones de privacidad.
¿Qué exige el USDA y por qué los estados se niegan?
Desde febrero, el USDA ha solicitado a todos los estados que entreguen información personal detallada sobre los beneficiarios de SNAP. Según funcionarios federales, el objetivo es identificar a ciudadanos estadounidenses que estarían recibiendo beneficios sin ser elegibles.
Los estados afectados, incluido Kansas, han argumentado que la solicitud no tiene fundamento legal, invade la privacidad de los residentes y podría poner en riesgo protecciones constitucionales. Para estos gobiernos, cumplir con la orden federal establecería un precedente peligroso en la administración de programas sociales.
La administración Trump respondió anunciando que retendría fondos administrativos de SNAP, una medida que podría complicar la operación logística de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, sobre todo en áreas rurales o de alta pobreza.
Kelly: “No tengo ningún interés en que la gente pase hambre”
Ante el anuncio del USDA, la gobernadora Kelly fue contundente. En declaraciones realizadas el miércoles, indicó que no cederá ante presión alguna para entregar datos privados de los residentes.
“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, afirmó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Me encuentro en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también debo asegurar que puedan mantener comida en su mesa”.
Kelly expresó que trabaja con su equipo legal para evaluar los próximos pasos, lo que sugiere que Kansas podría regresar a los tribunales para litigar la medida ante cortes federales.
Un conflicto que no es nuevo
No es la primera vez que la administración Trump intenta penalizar a Kansas por negarse a entregar información de beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado que podría retirar más de $10 millones en fondos relacionados con el programa.
Esa acción no se concretó, ya que la gobernadora apeló la decisión, llevando el caso a los tribunales, donde se encuentra aún bajo revisión. Sin embargo, el nuevo anuncio sugiere que la administración federal está dispuesta a reavivar el conflicto.
Analistas advierten que de llevarse a cabo los recortes, miles de familias podrían enfrentar demoras en la distribución de beneficios, dado que los fondos administrativos cubren personal, sistemas, verificación de elegibilidad y otros componentes operativos esenciales.
¿Qué está en juego para Kansas?
El programa SNAP es un recurso crítico para miles de hogares en el estado. Aunque los beneficios directos para alimentos no están siendo retirados, la suspensión de los fondos administrativos podría conllevar a:
- Menos personal para procesar solicitudes
- Retrasos en la verificación de casos
- Tiempos de espera más largos
- Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de ayuda
Además, organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre podría desmotivar a las familias elegibles de solicitar beneficios, por temor a la exposición de datos o a cambios en los requisitos.
Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad
El conflicto en Kansas forma parte de una discusión más amplia sobre cómo los estados manejan datos sensibles de programas sociales. Los gobiernos locales temen que entregar listas con información personal de beneficiarios pueda ser utilizado para fines no relacionados con SNAP o para medidas punitivas contra personas vulnerables.
Para la administración Trump, la transparencia es necesaria para detectar abusos dentro del programa. Para los estados, la exigencia federal supera la autoridad del USDA y plantea riesgos legales y morales.
¿Qué sigue?
Kelly reiteró que protegerá la privacidad de los residentes mientras asegura que las familias no pierdan acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está evaluando opciones que incluyen nuevas apelaciones y posibles demandas.
Por el momento, Kansas se mantiene entre los 22 estados que resisten, mientras que la administración federal considera cómo y cuándo impondrá recortes. El impacto final dependerá de las decisiones judiciales y de la respuesta conjunta de los estados afectados.
Lo que está claro es que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer necesidades básicas, y cualquier interrupción representa un riesgo significativo para la seguridad alimentaria en la región.
Fuente original: Noticias Kansas
Por Karen Gutierrez
4 Dec, 2025
