
Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025
El sistema penitenciario de Colorado se encuentra bajo un escrutinio federal sin precedentes, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha anunciado una investigación formal para evaluar si las prisiones estatales y los centros juveniles de detención están vulnerando los derechos constitucionales de las personas bajo custodia. Este examen, revelado el lunes por la administración Trump, abarca aspectos como el uso excesivo de la fuerza, la atención médica, la nutrición y las políticas referentes a las personas transgénero en entornos penitenciarios.
La investigación se dirigirá tanto al Colorado Department of Corrections (DOC) como a la Division of Youth Services (DYS), los organismos responsables de supervisar a los adultos encarcelados y a los jóvenes en detención. En una carta dirigida al gobernador Jared Polis, el DOJ especificó que su objetivo es evaluar las “policies and practices” de ambas agencias para determinar si se alinean con la Constitución y las leyes federales.
Derechos Constitucionales Bajo la Lupa
“La Constitución protege a cada estadounidense, ya sea un joven confinado en un centro juvenil o una persona mayor encarcelada”, señaló la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en el comunicado oficial. El DOJ enfatiza que su misión es asegurar que nadie sufra un “unconstitutional mistreatment” mientras esté bajo custodia estatal.
Las áreas clave del examen se centrarán en tres aspectos fundamentales en las 21 prisiones del DOC:
• Calidad de la atención médica.
• Condiciones seguras, higiénicas y sanitarias.
• Prácticas relacionadas con la separación y protección de personas transgénero.
La investigación también se enfocará en si Colorado está fallando en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y en garantizar una nutrición adecuada para los jóvenes detenidos.
Política de Alojamiento de Personas Trans en el Centro del Debate
La administración Trump también está indagando sobre la política estatal que regula dónde se ubican las personas transgénero en prisión. Según la carta enviada a Polis, uno de los propósitos es evaluar si el DOC “violates prisoners’ and detainees’ right to free exercise of religion by housing biological males in units designated for females”.
Esta línea de investigación se produce en un ambiente político donde el presidente Trump ha intensificado sus críticas a políticas consideradas “inclusivas” en estados demócratas. Hasta ahora, Colorado no ha emitido una respuesta oficial; un portavoz de Polis no estuvo disponible para realizar comentarios.
Contexto Político: El Caso de Tina Peters
El anuncio del DOJ se presentó el mismo día en que los funcionarios de Colorado rechazaron una solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, de una prisión estatal a un penal federal. Peters está cumpliendo una condena de nueve años por delitos relacionados con elecciones.
A pesar de que una corte federal también desestimó su última solicitud, el presidente Trump ha presionado públicamente por su liberación y ha llamado “sleazebag” al gobernador Polis después de que se negara a autorizar el traslado. Un funcionario del DOJ aseguró que trabajan para liberar a Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona directamente.
Denuncias Previas y Condiciones Documentadas
La indagatoria federal sigue a múltiples reportes sobre problemas en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres denunciaron al Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso alarmantemente en el Youthful Offender System de Pueblo debido a la falta de alimentos. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue hospitalizado por falla renal asociada a la desnutrición, según su familia.
Este clamor público forzó al estado a modificar políticas internas sobre la compra y acceso a alimentos.
Un reportaje de marzo reveló informes internos críticos que documentaban:
• Acusaciones de uso excesivo de la fuerza por parte del personal.
• Lesiones graves sufridas por adolescentes durante restricciones físicas.
• Ingreso de drogas ilícitas en instalaciones seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes bajo su custodia.
La situación alcanzó un punto crítico en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Lookout Mountain Youth Services Center, ubicado en Golden, citando “deteriorating safety conditions”.
¿Qué Podría Venir?
La investigación federal podría llevar a acuerdos obligatorios, cambios operativos significativos o intervenciones supervisadas por tribunales. Además, podría influir en debates legislativos sobre reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en prisiones y la regulación del alojamiento de personas transgénero.
A medida que Colorado evalúa los hallazgos de reportes periodísticos y testimonios familiares, el anuncio del DOJ representa un punto de inflexión para dos sistemas que han enfrentado críticas persistentes respecto a su capacidad para proteger a quienes están bajo su custodia.
El desarrollo de este caso será seguido de cerca tanto por defensores de derechos civiles como por autoridades estatales que deberán responder a un escrutinio federal capaz de transformar profundamente la operación de prisiones y centros juveniles en Colorado.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
9 Dec, 2025





