La Corte Suprema de Estados Unidos ha acordado este viernes que evaluará si el intento del presidente Donald Trump de finalizar la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto es constitucional, brindando a los magistrados la oportunidad de reconsiderar lo que ha sido una normativa establecida desde el siglo XIX.
Al aceptar la apelación, la corte está abordando un aspecto fundamental de una polémica que evitó en gran medida anteriormente, cuando falló a favor de Trump por razones técnicas relacionadas con la gestión de los tribunales inferiores sobre la política.
A pesar de que las teorías legales presentadas por la apelación del Gobierno de Trump han sido consideradas marginales incluso por varios elementos conservadores, el caso captará la atención pública en el nuevo período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. También representa una prueba más de la disposición de la corte para considerar un argumento legal poco convencional presentado por la Casa Blanca.
Un fallo a favor de Trump alteraría un principio duradero del derecho constitucional y de inmigración en EE. UU., provocando importantes implicaciones prácticas para los ciudadanos que tendrían más dificultades para registrar a sus recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos en el próximo año y es probable que emita una decisión hacia finales de junio.
“No hay tema, desde el inicio de este Gobierno, en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento a través de un decreto”, señaló Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown.
“Este intento viola los estatutos pertinentes, la propia Decimocuarta Enmienda, y la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898”, añadió. “A pesar de que la Corte apoyó a Trump durante el verano cuando solicitó limitar las medidas cautelares contra la política, con el caso volviendo a ser debatido sobre su sustancia, hay razones para considerar que incluso esta Corte podría fallar en su contra; la pregunta será sobre cuál de los posibles fundamentos decidirá hacerlo”.
Doscientos años después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema decidió en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos —en esa ocasión, el hijo de inmigrantes chinos— tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, con ciertas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump alegó en su apelación que este precedente ha sido malinterpretado a lo largo del tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía, el Gobierno de Trump afirmó ante la Corte Suprema en sus apelaciones que esa visión era “incorrecta” y que ese malentendido había llevado a “consecuencias destructivas”. Trump ha hecho de la abolición de la ciudadanía por nacimiento una parte clave de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue creada para otorgar ciudadanía a los esclavos liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, manifestó el procurador general D. John Sauer, principal abogado de apelaciones del Gobierno, al Tribunal Supremo.
A pesar de que la Corte Suprema emitió una decisión significativa en junio que tocó el decreto sobre la ciudadanía por nacimiento, ese caso se centró en cuestiones de procedimiento respecto al grado de autoridad que poseen los tribunales inferiores para frenar una política implementada por un presidente. Una mayoría de 6-3 de la Corte esencialmente condicionó —pero no eliminó del todo— la capacidad de los tribunales para bloquear estas políticas.
Luego de la decisión de la Corte Suprema, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue nuevamente bloqueada por los tribunales utilizando otros recursos y nunca se implementó.
Los tribunales inferiores, compuestos por jueces tanto conservadores como progresistas, han fallado en contra del decreto del Gobierno.
“Su caso no es más que una mezcla confusa de declaraciones históricas erróneas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas, y, sobre todo, preferencias políticas”, dijeron la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes individuales ante la Corte Suprema este año.
La Corte decidió escuchar los argumentos en un caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la aplicación del decreto de Trump a cualquier bebé que pudiera verse afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
No se aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco, el cual confirmó la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia probablemente radica en quién era el demandante: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar sobre la política.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, estipulaba que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de EE. UU.” a ningún niño nacido en territorio estadounidense de padres que se encuentren en el país ilegalmente o que se encuentren legalmente, pero de manera temporal.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
