Tijuana.- El feminicidio de la abogada y maestra universitaria Emilia Ortega Aceves dejó una profunda huella en la ciudad de Tijuana tras su asesinato el 18 de noviembre. La indignación y el dolor movilizaron a la comunidad legal, académica y social, que exigió justicia ante este crimen que refleja la alarmante escalada de violencia en la región. Recientemente, las autoridades anunciaron la captura de tres individuos presuntamente involucrados en el asesinato: Bryan, Daniel y Guadalupe Verónica, entre los cuales se encuentra un menor de 16 años.
La Fiscalía de Baja California informó que las detenciones se realizaron a través de órdenes de aprehensión, basadas en las primeras líneas de investigación. Todos fueron recluidos en la Penitenciaría de La Mesa.
La fiscal del estado, María Elena Andrade, proporcionó detalles sobre el rol de Guadalupe, la única mujer del grupo:
“Guadalupe, alias ‘La Vero’, fue la encargada de observar previamente el momento idóneo para que sus acompañantes atacaran a la víctima.”
El hecho de que uno de los detenidos sea menor de edad, identificado como Daniel, ha reavivado las preocupaciones sobre el creciente involucramiento de jóvenes en delitos graves, una tendencia cada vez más común en la frontera.
El Comité Ciudadano de Seguridad Pública ha monitorizado esta problemática. Edgardo Flores Campbell, su presidente, explicó:
“Se les recluta para varias funciones, desde el halconeo, que consiste en avisar, hasta roles activos en robos y actividades delictivas, incluyendo el sicariato.”
El caso de Emilia Ortega no solo refleja la brutalidad del crimen, sino también la manipulación sistemática de adolescentes en el ámbito delictivo.
El asesinato de Emilia Ortega generó una movilización inmediata, donde colegas, compañeros y organizaciones de mujeres demandaron que la investigación progrese sin retrasos ni omisiones.
Estefanía Campos, presidenta de la Barra de Abogadas María Sandoval de Zarco, ha reconocido los avances en el caso, pero subrayó la necesidad de continuar con la investigación:
“La Fiscalía debe completar esta investigación. Si bien hemos visto progresos, no podemos considerarlo cerrado; es esencial que ahonden más en los detalles.”
Hasta la fecha, la Fiscalía ha indicado que el crimen podría estar vinculado a su actividad profesional, aunque el motivo final aún no ha sido establecido.
La fiscal Andrade añadió:
“Es posible que el crimen esté relacionado con litigios específicos, aunque no se ha determinado el motivo definitivo hasta ahora.”
Las autoridades confirmaron que el asesinato se procesará como un feminicidio, una categoría penal que estipula penas de hasta 50 años de prisión para los culpables. Si se les halla culpables, los detenidos enfrentarán la máxima pena prevista por la ley en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
3 Dec, 2025
