La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas en México ha encendido alarmas en el sector agrícola y ha puesto bajo la lupa a ciudades como Tijuana, cuya disponibilidad de agua depende significativamente de recursos del Distrito de Riego 014 de Mexicali. Aunque el debate nacional se centra en los productores del campo, las repercusiones podrían extenderse a toda la costa de Baja California, donde millones de personas dependen del acueducto Río Colorado para su abastecimiento de agua.
Tijuana, que consume 140 millones de metros cúbicos de agua al año, tiene asignación directa de 80 millones del Río Colorado. La diferencia —casi la mitad del consumo total— debe ser adquirida a agricultores del Valle de Mexicali, quienes transfieren parte de su cuota a través del Distrito de Riego 014.
El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, Jesús García Castro, explica cómo funciona actualmente esta dinámica:
“Es agua que se recibe pero cuando se recibe ustedes saben es agua que no está regularizada y la regularización o la legalización es a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”
Esa “regularización” es precisamente lo que queda comprometido con la nueva Ley General de Aguas, que restringe o incluso prohíbe la venta o cesión privada de derechos de agua —una práctica que ha permitido a Tijuana equilibrar su déficit hídrico durante años.
Desde el gobierno, la reforma se presenta como un mecanismo para priorizar a las ciudades con mayores necesidades, fortalecer el acceso al agua para el consumo humano y mejorar la sustentabilidad del sistema hidráulico.
García Castro señala:
“Estas modificaciones a la ley federal son para apoyar a las grandes ciudades y a las enormes necesidades que se viven en esta urbe, que son semidesérticas; en definitiva, no tenemos agua propia.”
En teoría, la ley favorecería a ciudades como Tijuana, que de por sí no cuentan con fuentes locales suficientes. Sin embargo, en la práctica, la transición es incierta. En la actualidad, Tijuana depende de un esquema que la nueva legislación podría volver obsoleto.
La preocupación es apremiante: si no se pueden adquirir derechos al Distrito de Riego 014, ¿cómo cumplirá Tijuana con su demanda anual de agua?
Mientras en las ciudades reina la incertidumbre, en el campo la preocupación es aún más evidente. Agricultores de la región advierten que los cambios podrían limitar su acceso al agua o encarecerlo, afectando un sector ya comprometido.
El productor de frutos rojos Luis Ernesto Guevara lo resume con cifras contundentes:
“Cuando llegué a San Quintín había 20 mil hectáreas sembradas, 28 mil, y ahora debe haber un poco más de 6 mil, y eso es por agua, exclusivamente por problemas de agua.”
La drástica reducción en la superficie cultivada es parte de la inquietud acerca de que una regulación más estricta complique aún más las operaciones agrícolas en un área donde el agua ya es escasa.
La controversia sobre el futuro del agua ha incluso llevado a manifestaciones. En Mexicali, productores agrícolas bloquearon la aduana como medida de presión, aunque decidieron levantar temporalmente el bloqueo mientras continúan las negociaciones con las autoridades federales.
Este conflicto refleja lo que está en juego: no se trata solo de una disputa legal, sino de un cambio fundamental en la relación entre el campo y la ciudad en una región donde el agua escasea.
La nueva Ley de Agua está reconfigurando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el reto es monumental: asegurar su futuro hídrico sin el mecanismo de compra de derechos que la ha sostenido durante décadas.
Para los agricultores, la tarea es igual de compleja: garantizar un acceso adecuado al recurso que ya limita su producción.
El desenlace aún es incierto, pero es evidente que esta reforma no solo transformará la gestión del agua, sino también la vida cotidiana de millones de personas en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
9 Dec, 2025
