La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump equipara al fentanilo con armas químicas, activa agencias de defensa, y endurece las penas contra el narcotráfico, generando inquietud entre expertos y autoridades en México sobre la militarización de una crisis de salud pública.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un vuelco drástico en su estrategia contra las drogas sintéticas al declarar oficialmente al fentanilo ilícito y sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. La decisión fue anunciada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y simboliza un cambio profundo en la metodología del gobierno estadounidense para abordar una crisis que ha ocasionado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
El objetivo de esta medida es activar esencialmente todas las herramientas del gobierno, desde acciones penales más estrictas hasta la posible participación de agencias de defensa y seguridad nacional, con la finalidad de combatir la producción, distribución y financiamiento de este opioide sintético. El fentanilo, conocido por su alta potencia y bajo costo, se ha convertido en el principal motor de la crisis de opioides en Estados Unidos y es una prioridad para las autoridades federales.
Según funcionarios encargados de la aplicación de la ley, la nueva designación legal expande considerablemente las capacidades legales de los fiscales y refuerza los casos contra organizaciones criminales implicadas en el narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en El Paso, indicó que “esta designación permite a los fiscales solicitar penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y fortalece el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.
La orden ejecutiva se fundamenta, según defensores del plan, en el nivel de peligrosidad del fentanilo, equiparándolo a armas químicas debido a su capacidad letal incluso en pequeñas dosis. Briano enfatizó la potencia de esta sustancia al mencionar que “es 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces más que la morfina; solo 2 miligramos pueden ser fatales”. Estas estadísticas han respaldado un argumento para un enfoque más agresivo y punitivo ante lo que el gobierno considera una amenaza directa a la seguridad nacional.
No obstante, esta decisión ha generado críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública advierten que la comparación del fentanilo con un arma de destrucción masiva es más un símbolo que una realidad práctica. Señalan que, aunque es una sustancia extremadamente peligrosa, no ha sido empleada como un arma deliberada en el sentido convencional, y que el núcleo del problema radica en una crisis de adicciones que exige enfoques holísticos de prevención, tratamiento y reducción de daños.
Estas críticas fueron respaldadas públicamente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de abordar los delitos asociados al narcotráfico, pero enfatizó que el enfoque no puede limitarse a la represión. “Es vital atender los delitos, pero también es crucial abordar las causas del consumo de drogas. Si no se tratan las causas, siempre habrá fentanilo o alguna otra droga, y el consumo continuará”, afirmó.
La orden ejecutiva se produce en un contexto de creciente militarización en las operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado sus operaciones en aguas internacionales, incluyendo misiones contra embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada podría desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas o en las muertes por sobredosis.
Sheinbaum subrayó que la problemática del fentanilo está íntimamente asociada a factores sociales y de salud mental. “Se relaciona con la salud mental, el apego, los valores, la familia, la educación y la atención de las causas subyacentes. Esa es nuestra perspectiva, y se lo he expuesto al presidente Trump”, concluyó, marcando una clara distinción entre ambos enfoques.
El impacto de esta decisión será especialmente significativo en las zonas fronterizas y en comunidades que ya han sido severamente afectadas por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían experimentar un aumento en operativos, procesos judiciales y presencia de agencias federales.
Las próximas semanas serán fundamentales para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si el endurecimiento de la retórica y de las herramientas legales logra frenar el flujo de fentanilo, o si, como advierten los expertos, la militarización acaba eclipsando la atención a una emergencia de salud pública que sigue cobrando vidas a ambos lados de la frontera.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
18 Dec, 2025
