CHIHUAHUA, México – César Duarte Jáquez, el exgobernador de Chihuahua, regresa al centro de la atención judicial en México ante la apertura de un nuevo proceso federal que intensifica su ya complejo andar por la justicia. El exmandatario fue arrestado el 8 de diciembre en la capital del estado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumpliera con una orden de aprehensión federal basada en acusaciones de lavado de dinero, un cargo distinto a los que justificaron su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR ha confirmado que esta acción legal se deriva de una orden emitida en mayo de 2024, la cual se ha materializado solo ahora tras recibir la autorización necesaria para juzgarlo por este nuevo delito.
Las acusaciones federales señalan que Duarte podría estar involucrado en el lavado de dinero y desvío de recursos. Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad federal, destacó anteriormente que los señalamientos son “por delitos muy específicos relacionados con lavado de dinero o desvío de recursos”. El gobierno federal insiste en que esta nueva imputación está basada en poderes otorgados recientemente a la FGR tras consultas diplomáticas en el contexto del proceso de extradición.
Duarte ya había enfrentado la justicia en Estados Unidos, donde fue detenido inicialmente en Miami en 2020, siendo luego extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa. Desde su extradición, el número de procesos judiciales y administrativos en su contra ha ido disminuyendo progresivamente. Su equipo legal sostiene que ha logrado cerrar 20 de las 21 causas penales abiertas en Chihuahua y diversos procedimientos administrativos.
A pesar de ello, Duarte continúa bajo investigación estatal y el nuevo expediente federal abre una nueva dimensión a su situación legal. “Aún está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en el estado de Chihuahua”, aseguró su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido la voz principal en su defensa durante este proceso.
La defensa de Duarte argumenta que la actuación de la Fiscalía contraviene la regla de especialidad en materia de extradición, que estipula que una persona solo puede ser procesada por los cargos aprobados por el país que autorizó su traslado. “Es insensato porque no se ha demostrado lo primero, por lo que no pueden acusar de lo segundo”, declaró Mendoza, insistiendo en que las investigaciones adicionales no pueden proceder sin resolver primero las acusaciones iniciales.
La llegada de Ernestina Godoy como jefa de la Fiscalía General marcó un punto de inflexión, ya que tras asumir su cargo, la FGR recibió el visto bueno para iniciar este proceso federal y ejecutar la más reciente orden. La defensa de Duarte advierte que esto puede dar pie a un doble juicio, argumentando que los hechos en cuestión ya habían sido revisados anteriormente. “El juez de control indica que debería haber una necesidad de detenerlo para tener permiso de hacerlo, lo cual es una franca barbaridad”, expresó el abogado, reforzando su postura jurídica.
El equipo legal también sostiene que esta imputación equivale a reabrir procedimientos ya cerrados o prácticamente agotados. En su defensa, aseguran que no existe riesgo de fuga, pues su cliente siempre se ha presentado de manera voluntaria ante las autoridades. Con firmeza, el abogado anticipó que Duarte se declarará “completamente y sin ninguna duda” inocente.
Mientras su caso avanza, Duarte permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad del país. Su defensa está trabajando para que el exgobernador enfrente este nuevo proceso en libertad, alegando además problemas médicos complejos, incluidos antecedentes cardíacos y cirugías recientes.
Previo a nuevas audiencias, el equipo legal ha reiterado que este proceso no debe convertirse en un asunto político. “No se debe tratar a las personas como un botín político, sino resolver todas las situaciones de injusticia, porque donde no hay justicia, no hay paz”, afirmó Mendoza, subrayando que el caso de Duarte plantea un reto a los principios judiciales que, según ellos, deberían prevalecer en el país.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
9 Dec, 2025
